Examinamos con «lentes rurales» la Ley de Vivienda
La Ley pone en el punto de mira el acceso a la vivienda en el medio rural como herramienta para impulsar la cohesión territorial y facilitar la lucha contra la despoblación.
En su articulado establece que los Planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural deben adecuarse a las necesidades de los pequeños municipios.
Tras ser aprobada la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, cuya disposición sexta establece el desarrollo de un Mecanismo Rural de Garantía (también conocido como «rural proofing»), desde REDR nos hemos propuesto analizar con «lentes rurales» alguna de la normativa aprobada desde entonces. Con ello, queremos examinar si las leyes que han entrado en vigor posteriormente se han hecho desde un enfoque rural, evaluando los efectos territoriales de estas nuevas políticas sobre el medio y la sociedad rural.
La nueva Ley de Vivienda se publicaba el 25 de mayo en el BOE como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, cumpliendo así con la reforma C02.R03 recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La presente Ley incorpora importantes novedades con el objetivo de regular y facilitar el acceso a una vivienda asequible, en especial para jóvenes y colectivos vulnerables. Reconoce a su vez que los desequilibrios en el acceso a la vivienda no solo se producen en los entornos urbanos, poniendo de esta manera el foco en la situación de la vivienda en el medio rural, cuya precariedad es uno de los factores que contribuye al fenómeno de despoblación. Es por ello que esta ley señala como prioritarias las acciones encaminadas a la recuperación, rehabilitación o adaptación del parque edificatorio existente en las áreas rurales y afectadas por la pérdida de población.
La nueva Ley de Vivienda toma así un enfoque territorial que establece que las políticas en materia de vivienda han de tener en cuenta las características y necesidades específicas del medio rural. Dicha perspectiva queda plasmada en una serie de medidas y herramientas.
Vivienda asequible incentivada
Esta nueva figura es introducida para fomentar el alquiler a bajos precios. Se trata de viviendas de titularidad privada que, a cambio de diversos beneficios, pasan a depender de las administraciones competentes para convertirse en residencia habitual en régimen de alquiler destinadas a personas con bajos ingresos. La Ley contempla la inclusión de esta herramienta en las estrategias de dinamización social y económica, para fomentar la creación de empleo y actividad en el medio rural. Establece a su vez que en la puesta en marcha de este novedoso instrumento han de considerarse las particularidades territoriales, haciendo hincapié en los pequeños municipios afectados por el envejecimiento y la despoblación.
La nueva Ley, establece a su vez, que los Planes Estatales en materia de vivienda y de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, como instrumentos principales de actuación del Estado en política de vivienda, deben incorporar también dicha perspectiva territorial, adecuándose a las necesidades de los municipios de menor tamaño que sufren la pérdida de población.
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