Examinamos con «lentes rurales» la Ley de Startups

Tras ser aprobada la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, cuya disposición sexta establece el desarrollo de un Mecanismo Rural de Garantía (también conocido como «rural proofing»), desde REDR nos hemos propuesto analizar con «lentes rurales» la normativa aprobada desde entonces. Con ello queremos examinar si las leyes que han entrado en vigor posteriormente se han hecho desde un enfoque rural, evaluando los efectos territoriales de estas nuevas políticas sobre el medio y la sociedad rural.

La denominada Ley de ‘Startups’ se publicaba en el BOE como Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, en línea con la Agenda España Digital 2026 y como parte de las reformas estipuladas en el Componente 13: Impulso a la pyme del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Complementa a su vez la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal.

Esta ley pretende impulsar la creación y el crecimiento de empresas emergentes innovadoras de base digital, también conocidas como ‘startups’. Con este fin, la norma busca crear un marco favorable y adaptado a las características de este tipo de empresas, que refuerce la atracción de talento, estimule la inversión pública y privada a distintos niveles y fomente el acceso e intercambio del conocimiento. Para ello la ley prioriza entre sus medidas potenciar el emprendimiento rural y eliminar las brechas de género.

La ley trata de romper con la vinculación existente entre startups y núcleos urbanos, fomentando el desarrollo de estas empresas en entornos rurales, especialmente en zonas que sufren la pérdida de población. Apoya así el crecimiento de la innovación a lo largo de todo el territorio nacional, de manera que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia tengan un acceso igualitario a las oportunidades. Con el objetivo de favorecer dicha descentralización, se proponen una serie de acciones:

• Fomento de la Compra Pública de Innovación (adquisición e incorporación de soluciones innovadoras por parte de los entes públicos), facilitando el acceso a las convocatorias a aquellas empresas ubicadas en entornos rurales y afectados por la despoblación.
• Impulso del ‘medio rural digital’ a través de entornos controlados de pruebas en el medio rural donde evaluar la utilidad, viabilidad e impacto de las innovaciones tecnológicas en distintos sectores de actividad.
• Desarrollo de programas educativos en materia de emprendimiento y habilidades digitales particularmente en entornos rurales o escasamente poblados, por parte de las administraciones públicas. Asimismo, estas han de facilitar la implantación de startups en entornos rurales mediante actuaciones como los ecosistemas de innovación.